Mitos de la responsabilidad deportiva: que no te engañen.

Me voy a salir un poco de la finalidad de este blog para intentar desmitificar dos abusos típicos en las actividades deportivas, muy generalizados en los deportes del motor.
El primero es esa típica cláusula de exención de responsabilidad por parte de los organizadores de actividades deportivas del estilo de “El abajo firmante, sus herederos y demás representantes legales eximen a los organizadores de toda responsabilidad civil o penal derivada de su participación en este evento, así como de los eventuales riesgos y daños, de cualquier índole, no cubiertos por las pólizas de seguro contratadas renunciando de forma expresa a cualquier reclamación por daños o perjuicios contra el organizador, el circuito o cualquiera de las personas que participan en la organización del evento” (ejemplo sacado de aquí).

En este caso la exoneración pretende ser total y universal, pues no sólo se refiere a todo tipo de “riesgo y daño”, sino además frente a todo tipo de personas aunque no intervengan en el documento (“herederos y demás representantes legales”) y, para mayor abundamiento, se extiende a la responsabilidad penal que está fuera de la capacidad de disposición de quien sea perjudicado; por los Tribunales suele declararse la nulidad de este tipo de cláusulas, porque  el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que aprueba la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, establece que es nula la renuncia previa a los derechos que esa norma reconoce a los consumidores y usuarios, considerando el artículo 8, como un derecho básico, la indemnización de los daños y la reparación de los perjuicios sufridos.
Por tanto, ponga lo que ponga la cláusula de exoneración puede ser nula y las personas perjudicadas podrán reclamar indemnización de daños y perjuicios, cuando los hayan sufrido, pudiendo dirigir la reclamación contra las empresas organizadoras porque así lo permite el artículo 51 del Real Decreto 2816/1982, de 27 agosto, que aprueba el Reglamento General de Policía en Espectáculos Públicos y Actividades y el artículo 5 de la Ley 19/2007, de 11 de julio, respecto a actos violentos cuando no se hubieran adoptado las medidas de prevención establecidas en la propia Ley; también podrá dirigirse la reclamación contra quien sea propietaria de las instalaciones deportivas, por la responsabilidad directa general del artículo 1.903.4º del Código Civil y, en el caso de ser una Administración Pública, la Constitución Española, en su artículo 106.2, prevé el deber de indemnizar a los particulares por toda lesión que sufran en cualesquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, y así lo confirma también la Ley 30/1992, 26 noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su artículo 139.1.

Incluso se puede dirigir la acción contra otro deportista implicado en el acto lesivo, siempre que no se trate de un lance normal del juego; por ejemplo, la Sentencia Audiencia Provincial de Madrid de 13 de mayo de 2008, condenó a un futbolista que realizó una entrada sobre el contrario, que no “perseguía arrebatarle el balón, que ya ni siquiera estaba al alcance de la víctima, sino la agresión” o la de 21 de octubre de 2008 que consideró que dar un codazo al futbolista que no llevaba el balón "no se trata de un simple "lance del juego", de carácter imprudente, sino una concreta lesión, provocada ya fuera del juego y producto de una concreta agresión intencionada, conducta que está claramente tipificada en el Código Penal, sin que otros casos supuestamente acontecidos en la primera división de fútbol, suspendan la vigencia del Código Penal, y sin que en el deporte y por supuesto incluso el de la categoría aficionados, conlleve un consentimiento en el sufrimiento de lesiones dolosas, ni incluso como causa de justificación, incluso en otros deportes más agresivos como podría ser el boxeo cuando se excede del lance deportivo"..
También pueden tener responsabilidad los monitores o profesores en función de la responsabilidad general del artículo 1902 del Código Civil y en el caso de Aragón (hay que tener en cuenta las distintas leyes autonómicas que regulan esta materia) expresamente lo recoge los artículos 65 y 66 de la Ley 4/1993, de 16 de marzo, del Deporte de Aragón, en el caso de que se haga con carácter habitual sin disponer de la titulación correspondiente.
Hasta los espectadores tienen una cierta responsabilidad, además de por la general que todos tenemos como consecuencia de nuestros actos (en nuestra memoria está la condena a prisión, por parte del Juzgado de lo Penal 17 de Barcelona, al espectador que lanzó una bengala que produjo la muerte a un adolescente en el estadio Sarriá), porque en determinados casos así lo prevé el artículo 22 de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
Por tanto, la recomendación en caso de sufrir un daño indemnizable es no dejarse convencer por los monitores, comisarios u oficiales, dueños de la instalación y organizadores que pretenderán decir que no tienen responsabilidad porque se firmó la aceptación de exoneración, y consultar con un profesional especializado.
Otro mito muy habitual en el deporte del motor es que las piezas y elementos se compran no tienen garantía porque ningún material de competición la tiene.

La simple lectura del folleto que acompaña a cualquier motor Rotax, deja en evidencia la falsedad de este mito, porque el fabricante de un componente tan delicado como un motor de competición reconoce una garantía de seis meses y un año, según los casos.
El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios es aplicable a la compra de material deportivo de competición siempre que se trate de una relación entre consumidor y vendedor, ya que este tipo de transacciones no está excluido en los artículos 3 y 6 de la Ley; a partir del artículo 118 esta misma Ley establece la responsabilidad del vendedor y productor que incluye la reparación gratuita y la sustitución, en determinados casos, durante dos años para los productos nuevos y un año para los de segunda mano.
Por tanto, cuando se compre en un establecimiento comercial, o a cualquiera de sus agentes o representantes, un material de competición, existe, además de la garantía voluntaria del fabricante, la sumisión al régimen de garantía obligatorio, tanto para el material nuevo como para el de segunda mano.
La recomendación, nuevamente, es no aceptar las disculpas del vendedor y buscar asesoramiento profesional especializado; y, por supuesto, comprar en establecimientos o a personas de confianza.
Hay que cuestionar estos mitos, normalmente difundidos por las propias personas que serían responsables en caso de reclamación, porque muchas veces son fuente de engaños malintencionados o malentendidos que, a la larga, perjudican la práctica deportiva.
Y, por cierto, ¿el F150º Italia, estará en período de garantía?; Luca ya ha anunciado que de seguir evolucionando así la F1, terminarán fabricando motores de moto, así que, por si acaso, me guardo la garantía Rotax.